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| - El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en Sinaloa la frase “abrazos, no balazos” que mencionó desde 2012 para promover su estrategia de seguridad. Destacó que “son buenos los resultados” a pesar de la propaganda en contra.
Esto por críticas de opositores como la candidata Xóchitl Gálvez, quien acusa en sus mítines rumbo a la elección del 2 de junio que los abrazos también han sido para los criminales, aunque como tal el mandatario nunca ha dicho esa frase textualmente.
Desde finales del sexenio de Felipe Calderón, para diferenciarse del panista, López Obrador dijo que en lugar de la fuerza su gobierno apostaría por programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, además de cambiar el enfoque criminalizante ante el consumo de drogas.
“En el caso que nos ocupa de la violencia y de la inseguridad pública, podemos resumir: Abrazos y no balazos”, refirió.
Ese cambio de estrategia se reflejó en menos enfrentamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y menos personas fallecidas a manos de las Fuerzas Armadas que en sexenios anteriores; además de menos personas detenidas por narcotráfico, y un nivel menor de aseguramiento y erradicación de drogas como la mariguana.
Elaboración propia con datos de la Sedena
Sin embargo, también hay datos como que en 2022 los homicidios fueron la primera causa de muerte de personas jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y hechos como que durante su gobierno se incumplió la promesa de un nuevo enfoque ante el consumo de drogas, al mantener un discurso estigmatizante.
Además, López Obrador no sólo mantuvo al Ejército en las labores de seguridad pública –aunque en campañas como la de 2012 habló de retirarlo de esas funciones-, sino que le transfirió un nivel récord de funciones que antes correspondían a civiles, como lo documenta el informe ‘Transferencia de Facultades de las Fuerzas Armadas 2018 – 2020’ de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Y la nueva corporación de seguridad que surgió en su mandato, la Guardia Nacional, también mantuvo una mayoría de elementos militares. El mandatario apostó porque estuviera bajo control del Ejército.
“Es una política que en lo fundamental no sólo profundizó la militarización para entregar el 100% de la función de seguridad pública federal a corporaciones armadas, sino que además se acompañó de otras medidas tremendamente punitivas que no se habían, digamos, expandido en esa magnitud en sexenios anteriores, aunque evidentemente sexenios anteriores lo inauguraron”, comenta Lisa Sánchez, directora ejecutiva de la organización MUCD.
Entre esas medidas punitivas, Sánchez menciona el “sobreuso de la prisión preventiva oficiosa, la criminalización de la migración”, y el “bloqueo” de una reforma de la política de drogas o la regulación de la canabis.
Ante las críticas sobre su estrategia, el gobierno de López Obrador defiende que se revirtió la tendencia al alza en asesinatos que tuvieron el sexenio de Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo cual es cierto, con una baja de 12% en los homicidios dolosos comparando 2018 con 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Elaboración propia con datos del Inegi
Pero también lo es que siguen matando en promedio en el país a 80 personas cada día, y que se siguen registrando “más de 2 mil víctimas mensuales desde 2016, sin tener una disminución significativa”, según un análisis de MUCD.
Además, se han alcanzado niveles récord de víctimas de extorsión, e informes como el de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos muestran que en años como 2021 se dieron también cifras récord de desplazamiento interno forzado.
Fueron 28 mil 943 personas, en particular en los estados de Michoacán y Zacatecas. De hecho, casi la mitad (47%) de las personas desplazadas internamente por la violencia en México en 2021 vivían en Michoacán, según el Informe “Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021”.
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
“No voy a cometer el error que se cometió de iniciar una guerra en contra de la delincuencia sin tener conocimiento de causa, sin tener un buen diagnóstico, sin saber que se iba a enfrentar eso”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en abril de 2012, para desde entonces insistir con ese dicho en sus mítines y conferencias.
En aquel momento llegaba a su fin el sexenio de Felipe Calderón, en el que se alcanzaron niveles récord de enfrentamientos de las fuerzas armadas con grupos criminales, así como de decomisos y detenciones de narcotraficantes, aunque también se duplicaron los homicidios dolosos y se incrementaron las denuncias de víctimas que no tenían alguna responsabilidad en actividades criminales, pero que habían muerto en el fuego cruzado de la “guerra”.
Elaboración propia con datos de la Sedena
En ese contexto López Obrador planteó “abrazos, no balazos”. Aunque, como ya mencionamos, en varios momentos ha mantenido un enfoque punitivo.
Y en la opinión de Lisa Sánchez, tampoco se terminó de priorizar a la gente en una política de seguridad ciudadana y se optó una política de seguridad nacional que pone al centro al Estado y sus instituciones, como el Ejército y la Guardia Nacional.
“El fraseo fue desafortunado desde el mismo uso por el propio presidente, en tanto que, si bien quería capturar el espíritu de un cambio de rumbo de política, ese cambio de espíritu nunca llegó”.
En la conferencia de prensa del 22 de septiembre de 2022, López Obrador mencionó que hay quienes les llaman “blandos” cuando insiste con su frase “abrazos, no balazos”.
Entonces defendió que las Fuerzas Armadas evitan caer en provocaciones, aunque la letalidad del Ejército bajo su mandato ha sido más alta que con Enrique Peña Nieto o Calderón.
“La proporción es de 4.4 civiles fallecidos por cada civil herido en esta administración, mientras que en el sexenio de Calderón se registró una proporción de 3.9 y con Peña Nieto de 3.3”, refiere el informe A(r)madas y letales, de Data Cívica e Intersecta.
Ahí se detalla que para los periodos 2007-2011 y 2017-2020 hubo un total de 6 mil 934 enfrentamientos violentos entre autoridades y civiles. Siendo 2011, con Felipe Calderón, el año en que se alcanzó el pico de estas confrontaciones.
Consulta: Sedena tira a matar: con AMLO, fuerzas armadas participan en menos enfrentamientos, pero siguen siendo más letales que policías
En respuesta vía Transparencia, la Marina indicó que entre 2010 y 2022 murieron 518 civiles al enfrentarse a sus elementos, y de esa cifra la mayoría de los decesos ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, siendo 2017 el año con la cifra más alta, 115.
La Guardia Nacional, en tanto, de 2019 a 2022 reportó 282 civiles fallecidos, según una respuesta en la PNT.
Elaboración propia con datos de la Semar
En el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno los datos en los que se cita como fuente a la Fiscalía General de la República muestran un descenso en las detenciones de personas por narcotráfico a manos de autoridades federales.
De 2019 a 2022 se registró un promedio de 16 mil 630 detenciones anuales. En el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2016, el promedio fue de 23 mil 301; y de 2007 a 2010, con Felipe Calderón como presidente, el promedio fue de 33 mil cada año.
Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
Si solo se toman en cuenta los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre personas puestas a disposición por delitos de la salud, el promedio de 2019 a 2021 fue de 9 mil 971, considerando la pandemia; de 2013 a 2015, el promedio anual fue de 14 mil 844, y de 2007 a 2009, de 23 mil 634, según una respuesta vía transparencia.
En el mismo documento del Quinto Informe de Gobierno, otro apartado asegura que del 1 de diciembre de 2018 a junio de 2023 “el número de personas detenidas relacionadas con el tráfico de drogas fue de 74,654, se incrementó en 130.5% respecto de los 32,387 de la pasada administración”, y se cita como fuente a la Sedena y a la Secretaría de Marina.
Pero esto no coincide con los datos del Anexo Estadístico ya mencionado, y en respuestas vía transparencia la propia Sedena refiere que de 2019 a marzo de 2023 había detenido a un total de 31 mil 396 personas, incluso sin diferenciar cuántas aprehensiones habían sido por narcotráfico, por armas o alguna otra causa.
La Marina, en tanto, también vía transparencia indicó que de 2019 a 2023 detuvo a 3 mil 376 personas “presuntos infractores detenidos en flagrancia del delito y aseguramientos de drogas”. Del 5 de enero de 2020 al 13 de mayo de 2023, en tanto, sin distinguir por tipo de crimen la Guardia Nacional sólo detuvo a 4 mil 310 personas, según una respuesta que dio en la PNT.
Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
En el caso de erradicación de cultivos de mariguana, de 2019 a 2023 nunca se superaron las 3 mil hectáreas, lo que contrasta con las más de 13 mil que se erradicaron anualmente de 2007 a 2011, cuando gobernó Felipe Calderón. De hecho, en 2007 se alcanzó el máximo de 23 mil 315.
El promedio de hectáreas erradicadas de 2019 a 2021 fue de 2,239; mientras que de 2013 a 2015 fue de 5 mil 728, y de 2007 a 2009 de 19 mil 559.
Elaboración propia con datos del quinto informe
Sobre kilos de cocaína, la FGR contabilizó un promedio anual de 16 mil 459 de 2019 a 2021; entre 2013 y 2015 de 7 mil 110, y de 29 mil 718 entre 2007 y 2010.
En cuanto a vehículos asegurados por autoridades federales, como parte del “Esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico”, de 2019 a 2022 se observó un promedio de 11 mil 693 vehículos asegurados anualmente. De 2013 a 2016, en tanto, el promedio fue de 18 mil 161, y de 2007 a 2010, de 7 mil 286, aunque en 2012 se alcanzó la cifra de 37 mil 931, la más alta en los últimos 16 años.
Otro indicador es el de pistas de aterrizaje clandestinas localizadas y destruidas por la Sedena. De 2019 a 2023 solo fueron 199, mientras que de 2013 a 2017 la cifra fue de mil 456, según lo que respondió la Secretaría vía Transparencia.
Donde sí se observó un alza es en el aseguramiento de armas a manos de fuerzas federales. De 2019 a 2022 el promedio fue de 18 mil 225 armas aseguradas anualmente. De 2013 a 2016, el promedio fue de 10 mil 349. Aunque en la administración de Felipe Calderón, en tanto, el promedio fue de 24 mil 304 anuales de 2007 a 2010.
México lleva seis años sin datos actualizados sobre consumo de sustancias legales e ilegales. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) se realizó en 2017.
En octubre de 2023 el Gobierno de López Obrador anunció que se levantaría una encuesta a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y que el muestreo estaría a cargo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt). Los resultados estarían disponibles en marzo de 2024 pero ya es abril y no han sido publicados.
La encuesta se realiza no por voluntad propia del actual gobierno, sino como resultado del amparo que interpuso México Unido contra la Delincuencia (MUCD) que obliga al gobierno federal a retomar la Encodat.
“Lo básico a resaltar es que el ejercicio no va a ser comparable con ninguno de los levantamientos anteriores porque se cambió una metodología, entonces no va a permitirnos realmente determinar si durante este sexenio hubo aumentos o disminuciones o estabilizaciones en el consumo”, apunta la directora ejecutiva, Lisa Sánchez.
A dos años de concluir su mandato, en la conferencia de prensa del 1 de marzo de 2022, López Obrador dijo que estaba convencido de seguir con la política de “abrazos no balazos” para quitar a los jóvenes de la delincuencia organizada.
Pero los homicidios fueron la primera causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 44 años de edad en México durante 2022, de acuerdo con datos del Inegi presentados el 1 de noviembre de 2023.
En total fueron 23 mil 150 defunciones causadas por homicidio de hombres y mujeres en los rangos de estas edades, lo que equivale a 69.5%, según los resultados definitivos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).
“El abrazos no balazos tiene que ver con abrazar a los jóvenes, abrazar a la población para evitar que se vinculen con la delincuencia”, insistió Claudia Sheinbaum durante su gira por Tabasco el 16 de marzo de 2024.
En el Quinto Informe de Gobierno se muestra un indicador de Tasa bruta de defunciones por homicidio entre las personas jóvenes, y desde 2012 la más alta se alcanzó en 2022, con 38.2 por cada 100 mil personas jóvenes.
“Vimos durante los primeros años de esta administración una desaceleración de los homicidios, luego vimos un estancamiento de los homicidios y, finalmente, una reducción, lo cual siempre celebramos, pero el resultado sigue siendo un número total de víctimas muy superior a los sexenios anteriores”, comenta Lisa Sánchez.
“La violencia no logró reducirse significativamente y, por lo tanto, tener una administración menos letal que las que lo precedieron, sino que además vimos, en números totales, la situación de otros delitos como la extorsión”, agrega la directora ejecutiva de MUCD.
El máximo de víctimas de extorsión fueron 11 mil 038 en 2022, durante la administración de López Obrador. Desde 2017 se ha presentado una tendencia al alza en este delito, que tuvo sólo una disminución anómala en 2020 (-7%), de acuerdo con el Micrositio de incidencia delictiva en México de MUCD.
El nuevo gobierno de Donald Trump ha lanzado una serie de operaciones para la detención migrantes. Entre sus objetivos están las “ciudades santuario”, ¿qué son?
Hay ciudades a lo largo de Estados Unidos que se autodenominan “santuario”.
Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago o Atlanta son algunas de las urbes con una alta presencia de migrantes indocumentados que tienen políticas locales más amigables hacia la migración que otras partes del país.
Pero, al igual que sucedió durante su primer gobierno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta un desafío a eso.
El presidente ha prometido implementar una dura política de deportación de indocumentados con el objetivo de expulsar del país a un millón de personas. Y tanto él como sus altos funcionarios han puesto en la mira a tales ciudades santuario.
Chicago es una de las primeras. El gobierno de Trump activó los primeros operativos y redadas para detener y deportar a indocumentados en esa ciudad del norte del país. Pero también durante el fin de semana se vieron en Atlanta, Denver, Miami y San Antonio.
¿Qué implica que una ciudad se autodenomine “santuario” y en qué puede beneficiar a los indocumentados realmente?
El término de “santuario” de estas ciudades viene de la Edad Media, cuando los monasterios eran un santuario o protección a caminantes que se querían proteger de maleantes o gente que sufría persecución esclavista. Pero en EE.UU. se empezó a usar a finales del siglo XX.
“En los años 80 y 90 renace por algunos miembros religiosos y activistas que ayudan a migrantes de El Salvador o Guatemala a escapar de regímenes dictatoriales y entrar a EE.UU. y estar en comunidades seguras, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington”, le explica a BBC Mundo el sociólogo Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC.
Con el movimiento de esos años por los derechos de los inmigrantes, que se inspiró en luchas de Francia y otros países, en EE.UU. algunos activistas empezaron a referirse a esas ciudades con mucha población indocumentada como “santuarios”.
“Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal ‘santuario’ que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, aclara Castañeda.
Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.
Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo.
“En Nueva York, por ejemplo, no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos, se le dé aviso inmediato a las autoridades federales. Pero las autoridades migratorias sí pueden pedir que la persona sea retenida”, explica Castañeda.
Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.
“La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción”.
Debido a que cada autoridad estatal o local tiene sus propias leyes y políticas, cada corporación de policía local -incluso entre las de una misma metrópoli- puede o no colaborar con las agencias federales de migración.
La policía de la ciudad de Los Ángeles es diferente a la de la ciudad de Santa Mónica, siendo que están en la misma metrópoli. Al igual que los alcaldes, los jefes de policía pueden seguir sus propias normas.
Castañeda incluso indica que entre los propios agentes de policía hay discreción, y hasta entre las mismas oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada localidad.
Sin embargo, el gobierno de Trump -y de otros republicanos en el pasado- busca que existan la máxima coordinación y colaboración posibles.
Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funciones.
Si un indocumentado es detenido por algún delito, las autoridades migratorias que lo lleguen a saber tienen derecho a iniciar un proceso. También pueden hacer redadas en sitios como empresas o lugares públicos, así como en viviendas privadas.
“En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente ‘santuario’, donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señala Castañeda.
Asegura que es algo que muchos migrantes indocumentados saben: “Que si están en un estatus de indocumentado y tienen órdenes de deportación, tienen mucha desconfianza de todas las policías, no quieren cometer ningún delito, tratan de no conducir ni salir para no enfrentarse a alguna autoridad. Manejar en estado de ebriedad o algo así los puede llevar a la deportación”.
Sin embargo, las críticas de Trump y otros políticos republicanos han sido constantes sobre una supuesta “protección” a los indocumentados que hacen gobiernos demócratas en ciudades santuario.
También critican que estos migrantes puedan hacer uso de programas de apoyo o salud, o que son favorecidos por recursos públicos.
“Los migrantes usan menos programas de bienestar que otros grupos. Pagan más impuestos y jubilación que nunca piden cuando se retiran, porque han usado números de seguro social falsos o se van del país”, expone Castañeda, coautor del libro Immigration realities: Challenging Common Misperceptions (“Realidades de la inmigración: Desafiando las percepciones erróneas comunes”).
“No piden devoluciones de impuestos sobrepagados. Y muchos no tienen derechos a programas de asistencia por temor a exponerse”, añade.
El hecho de que las ciudades santuario no cooperen con agencias migratorias también implica un diferendo en cuanto a la obtención de recursos del gobierno federal.
La Casa Blanca puede favorecer a autoridades estatales y locales que sí ayuden a sus políticas migratorias.
Gobiernos republicanos, como el de George W. Bush o el primero de Donald Trump, usaron normativas como la “Sección 287g” para incentivar con recursos a autoridades locales para ejercer tareas federales como la revisión del estatus migratorio.
En su primer día de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre migración que incluían la derogación de una ley que prohibía a los agentes federales buscar indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares que antes eran considerados “sensibles” y que debían permanecer exentos de redadas migratorias.
Tom Homan, uno de sus jefes en la estrategia contra los indocumentados que ha sido llamado el “zar de la frontera”, aseguró que una de las primeras ciudades en tener búsqueda y captura de estos migrantes sería Chicago.
La ciudad y el estado son gobernados por demócratas. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker han sostenido que respaldan las leyes de ciudades santuario, conocidas como ordenanzas de “Ciudad Acogedora”.
Pero el domingo fueron ejecutadas operaciones migratorias en Chicago por parte de múltiples agencias, con la presencia de altos funcionarios en la ciudad para supervisarlas.
Múltiples fuentes dijeron a CBS News, socio de la BBC en EE.UU., que el objetivo eran migrantes con órdenes de arresto activas.
Pero desde la llegada de Trump al poder, existe la preocupación de que no se limite a aquellos ya sujetos a un proceso, sino que se aplique a todos los indocumentados en general para lograr los grandes números prometidos de cientos de miles de deportados en su gobierno.
Incluso una iglesia dejó de ofrecer misas en español ante el temor de que migrantes latinos sean objetivo de agentes.
“Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa… No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado”, le dijo a BBC Mundo la reveranda Tanya Lozano hace unos días.
Castañeda sostiene que “lo que está haciendo ahora el llamado ‘zar de la migración’, Homan, es viajar a ciudades como Chicago a observar cómo funcionan las oficinas locales de ICE y a poner presión sobre las autoridades locales a través de medios con amenazas para hacer redadas”.
“En La Villita, un barrio muy mexicano y muy latino en Chicago, la gente tiene miedo. Y se ve que hay menos actividad económica y presencia en las calles, más allá de la temporada de frío. Después de todo, si llega ICE no hay mucho que el alcalde pueda hacer para evitar redadas”, añade.
Otras ciudades que también registraron redadas u operativos de agentes federales durante el fin de semana fueron Denver, Houston, San Antonio, Miami y Atlanta.
Sin embargo, Castañeda precisa que hasta ahora no se ha visto algo a una escala muy diferente a lo que ya ocurrió en el pasado, incluso durante gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
“Las deportaciones han existido, incluidas las de Joe Biden o las de Barack Obama, que eran muy grandes. Pero había menos seguimiento mediático del día a día de estas deportaciones. Y ahora por lo pronto los números son similares, pero hay mucha más atención del público hacia lo que está pasando y cómo se está haciendo”, señala el especialista.
“Pero parece que sí quiere hacer algo a mayor escala, a mayor velocidad, con más agresividad”.
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