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| - El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en entrevista con la periodista Inna Afinogenova que su administración había “logrado reducir considerablemente la delincuencia en todas las vertientes”. Sin embargo, se trata de una afirmación falsa.
Con una revisión de los datos abiertos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), El Sabueso encontró que tanto el total de carpetas de investigación como las víctimas de delitos del fuero común en México han aumentado en los últimos cinco años.
En el caso de las víctimas de un delito del fuero común la cifra pasó de los 318 mil 743 casos anuales en 2018 a los 379 mil 123 en el 2023. Lo que representa un aumento del 18.9% en el número de víctimas de delitos del fuero común en cinco años.
Para dimensionar, mientras que en 2018 se documentaron 873 víctimas de delitos del fuero común al día en México, en el 2023 esa cifra se elevó a mil 038; lo que significa que el año pasado se presentaron diariamente 165 víctimas más que las existentes en 2018.
Asimismo, si tomamos en cuenta el crecimiento de la población tenemos que en 2018 se reportó una tasa de 253 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2023 la cifra se elevó a 289; lo que expresa un aumento de 36 víctimas de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes en cinco años.
Esta misma tendencia al alza se presenta en la incidencia delictiva nacional que registra para esos años el SESNSP, es decir “la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas”, según describe la página del propio Secretariado.
El número de carpetas de investigación en las que se sospecha la presunta comisión de delito aumentó de 1.99 millones de casos en 2018 a 2.17 millones en 2023. Esto representa un crecimiento de 183 mil 279 reportes más en el número de casos que se presentaron entre esos años.
Para sustentar la afirmación sobre la baja delictiva en la entrevista al medio español Canal Red, López Obrador dio cifras de algunos de los delitos que él presume como reducciones en estos cinco años.
El mandatario señaló que el delito de homicidio disminuyó un 20%, el secuestro un 75%, los feminicidios un 25%, el robo un 40% y el robo de vehículos un 45%.
Y aunque los delitos que presenta como ejemplos sí han disminuido durante su mandato, lo han hecho en menores proporciones a las que presume el presidente; además de que los delitos que menciona están entre los pocos que sí reportan una disminución durante su administración.
La frase de que la incidencia delictiva va a la baja fue recientemente presumida también por la titular de la sección Quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis quien dijo el 31 de enero que “la incidencia delictiva va a la baja y como ejemplo están los homicidios dolosos” y de nueva cuenta por el propio presidente López Obrador, quien apenas el 22 de enero de este año afirmó que habían logrado “detener el crecimiento en la incidencia delictiva en prácticamente todos los delitos”.
Sin embargo, dejan de lado otros delitos diferentes a los homicidios, el secuestro, los feminicidios y el robo que han crecido en los últimos cinco años.
De hecho, de los trece tipos de delitos que se encuentran en el reporte de víctimas del fuero común del SESNSP tan solo en cinco de ellos se registra alguna disminución entre el 2018 y el 2023; y estos son precisamente los delitos que el gobierno federal presume constantemente.
Sin embargo, omiten que el número víctimas de delitos como la trata de personas, las lesiones, la extorsión, la corrupción de menores y las categorías de otros delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal y contra la sociedad han crecido en estos últimos años.
Las víctimas de la trata de personas ha aumentado un 57.4% entre el 2018 y el 2023, la corrupción de menores lo ha hecho un 55.6%, la extorsión un 59.2%; y otros delitos en contra de la vida y la integridad corporal, la libertad personal y la sociedad se han elevado en un 104.4%, 59.6% y un 13.7% en ese mismo periodo.
Por otra parte, si tomamos en cuenta las averiguaciones previas o las carpetas de investigación de la incidencia delictiva del fuero común que reportan las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas observamos que de los 40 tipos de delitos que se registran en la base de datos del SESNSP solo 9 tienen una disminución en la incidencia.
Los delitos cuyas averiguaciones previas o carpetas de investigación han disminuido en los últimos 5 años, y entre los cuales se encuentran aquellos que se presumen los días martes cada 15 días en los informes de seguridad, son: el tráfico de menores, el secuestro, el robo, el rapto, los homicidios, el feminicidio, la falsificación, la evasión de presos y los delitos electorales.
Mientras que entre los 31 delitos restantes, cuyas averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas por las fiscalías estatales han mostrado un ascenso en su incidencia están: la violencia familiar, la violencia de género, la violación simple, la violación equiparada y la trata de personas.
Así como todas las categorías de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual, contra la libertad personal, del fuero común, contra la sociedad, contra la familia y contra el patrimonio.
En esta lista también se encuentran el abuso de confianza, el abuso y el acoso sexual, el allanamiento de morada, las amenazas, los delitos contra el medio ambiente, la corrupción de menores, el daño a la propiedad, los delitos cometidos por servidores públicos, el despojo, la extorsión, la falsedad, el fraude, el hostigamiento sexual y el incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar.
Destaca el hecho de que entre los delitos cuyas averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas con el mayor crecimiento en los últimos cinco años —cuyas cifras se han elevado más allá del doble—, se encuentran el acoso sexual (410%), la violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar (184%), otros delitos en contra de la libertad y la seguridad sexual (176%), el hostigamiento sexual (173%) y la violación equiparada (140%).
El gobierno federal presumió en enero de este año una reducción de 20% en homicidios. Sin embargo, sus datos son engañosos, pues comparan cifras del SESNSP para el 2023 con los del INEGI para años anteriores, esto ayuda a dar una percepción equivocada de mayor reducción dado a que la estadística del INEGI históricamente ha sido mayor a la del SESNSP.
Asimismo, tanto el INEGI como el SESNSP basan sus resultados en indicadores distintos. Mientras que las cifras del Secretariado refieren a las carpetas de investigación reportadas por las Fiscalías, las del INEGI se basan en certificados de defunción.
El Sabueso analizó estas bases de datos y encontró que solo utilizando los datos del Secretariado la reducción en homicidios dolosos entre 2018 a 2023 es del 12%; mientras que si solo se toman en consideración los datos del INEGI entre el 2018 y el 2022 —último año disponible— los homicidios tienen una caída del 15% entre esos años.
Un segundo dato equivocado que presume el presidente es el del secuestro, el cual afirma que es del 75%; sin embargo, en realidad la disminución ha sido del 48% entre el 2018 y el 2023.
De igual forma, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del SESNSP la disminución en los reportes de robos ha sido del 28.3% y no del 40%, como afirma el mandatario; y en específico el robo de vehículo automotor ha tenido una disminución del 36% entre el 2018 y el 2023 y no del 45%, como destaca López Obrador.
De igual forma, en esta otra gráfica publicada recientemente el gobierno destaca una disminución incluso superior (42.6%) en los casos de feminicidios; sin embargo, se debe a que comparan el número de víctimas reportadas en enero del 2024 contra las cifras de diciembre del 2018; un ejercicio cuya perspectiva resulta incompleta, ya que solo compara entre dos meses y no las cifras anuales, y que además es injusta debido a que históricamente enero ha sido un mes menos delictivo que diciembre.
Si se aplican, como ha prometido hacerlo Trump el 1 de febrero, los aranceles tendrán efecto en México y Canadá, pero también perjudicarán el bolsillo de los estadounidenses.
No es raro pensar en los aranceles como una especie de “castigo” a los productos extranjeros y a los países que los fabrican.
Sin embargo, el “efecto lavadora” ayuda a explicar por qué también las empresas nacionales y los consumidores locales terminan pagando los costos de los aranceles.
Antes de llegar ahí, vale la pena revisar en qué está la discusión actual.
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está considerando imponer el 1 de febrero un 25% de aranceles a todos los productos mexicanos y canadienses, y un 10% a los productos provenientes de China.
La medida está relacionada con la percepción del mandatario estadounidense sobre la mala gestión de los gobiernos de esos países en relación con la migración y el narcotráfico.
Inesperadamente, la amenaza también le cayó a Colombia, cuando el presidente de EE.UU. amenazó a ese país con imponer un 25% de impuesto a sus exportaciones, luego de que el gobierno de Gustavo Petro se negara a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados.
Sin embargo, todo quedó en nada, porque Petro terminó aceptando a sus deportados y Trump no le impuso ningún arancel.
La postura de Trump sobre el tema migratorio ha sido bastante clara: “Como todo el mundo sabe, miles de personas están entrando en masa a través de México y Canadá, llevando el crimen y las drogas a niveles nunca vistos”.
Los aranceles permanecerán, advirtió, “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país”.
Sobre la imposición de un arancel tan alto como un 25% -y tan amplio que abarcaría todos los productos mexicanos y canadienses-, expertos en comercio y relaciones internacionales entrevistados por BBC Mundo han expresado un cierto nivel de escepticismo.
“El arancel ligado a la migración y al fentanilo es una especie de extorsión”, le dice a BBC Mundo el economista mexicano Luis de la Calle, quien participó en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el anterior tratado de libre comercio, NAFTA.
Otros economistas, como Gerardo Esquivel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piensan que una amenaza de esa magnitud “no es creíble”. “Lo que quiere es empezar una negociación con ventaja”.
Así también le comenta a BBC Mundo Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, quien tampoco vislumbra una aplicación generalizada a todos los productos mexicanos.
La retórica de Trump es que los aranceles les quitan dinero a las empresas extranjeras para “enriquecer a los estadounidenses”.
La duda que surge con esa afirmación es que, al mirar las experiencias pasadas, ese no siempre ha sido el caso, dado que los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno, además de afectar a empresas extranjeras, también perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses, según varias investigaciones académicas.
Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios más altos. Y la recaudación tributaria producto de la imposición de los aranceles fue muy baja en comparación a lo que recauda el gobierno a través de impuestos individuales y corporativos.
Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras que Trump aplicó en 2018 durante su primer mandato.
Una investigación elaborada por tres reconocidos economistas, Aaron Flaaen, Ali Hortacsu y Felix Tintelnot, llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras en Estados Unidos subió 12% como efecto directo de ese arancel.
La idea del arancel, que es un impuesto a los productos importados, era proteger a los productores locales contra el masivo ingreso de lavadoras muy baratas desde el exterior, en lo que se conoce como un caso de competencia desleal o dumping.
“Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto”, le dice a BBC Mundo Felix Tintelnot, profesor de la Universidad de Duke en EE.UU. y coautor de la investigación.
Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de US$820.000 más en la compra de lavadoras, por cada empleo creado. “No fue un buen negocio para ellos”.
Eso es precisamente lo que hemos llamado el “efecto lavadora”: el aumento de precios que pagaron las familias estadounidenses.
Así también lo explica Inga Fechner, economista senior de Comercio Global del equipo de investigación del banco ING en Alemania.
En última instancia, “los consumidores cargan el costo del conflicto comercial”.
Una de las lecciones que dejó esa experiencia es que no solo subió el precio de las lavadoras importadas, sino que los productores locales también los aumentaron.
Sí, es cierto que no todos los aranceles son iguales. Y que la amenaza actual de Trump contra México y Canadá no tiene nada que ver con las acusaciones de competencia desleal, dirigidas especialmente contra los productos chinos.
Sin embargo, el caso de las lavadoras no es un ejemplo aislado.
Si miramos lo que pasó en el primer gobierno de Donald Trump, abundan los análisis de datos que muestran cómo la imposición de aranceles también tuvo efectos negativos sobre la economía y los consumidores estadounidenses.
“Un estudio tras otro han demostrado que los aranceles estadounidenses aplicados desde 2017 han sido transferidos en su totalidad a los compradores estadounidenses”, argumentan Kimberly Clausing y Mary Lovely, economistas del Peterson Institute for International Economics (PIIE), un centro de investigación independiente con sede en Washington D.C.
Otros centros de estudio, como el conservador Tax Foundation, llevan años publicando investigaciones sobre los perjuicios económicos ocasionados por los aranceles dentro de EE.UU.
“Han tenido un impacto negativo neto en la economía del país”, asegura un reciente análisis de Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la organización.
“Los aranceles han elevado los precios y reducido la producción y el empleo”, agrega.
Esas conclusiones son refutadas por aliados del presidente Trump como Peter Navarro, actual asesor comercial del gobierno.
Su planteamiento es que los aranceles no subieron ningún precio durante el primer gobierno del mandatario.
“Tuvimos cero inflación debido a los aranceles”, dijo en declaraciones a la prensa local, sin entregar más detalles.
Aunque sin duda el arancel le provoca daño al país afectado, el primero que tiene que pagar ese impuesto es el importador estadounidense en la aduana cuando ingresa los productos extranjeros.
Si se aplica un arancel de 25%, por ejemplo, el importador estadounidense que ingresa aguacates, tomates, partes de automóviles, cerveza, acero, o cualquier otro producto mexicano, tiene que pagar ese valor extra.
Como al importador le resulta más caro ingresar el producto, una parte del sobreprecio o todo el costo extra, suele ser traspasado al consumidor final, en este caso el estadounidense, generando un aumento de la inflación.
En el caso de los productos mexicanos y canadienses, la situación es más compleja porque los tres países de América del Norte han mantenido acuerdos de libre comercio desde hace tres décadas. El primero fue el NAFTA y el segundo, que continúa vigente, es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
Aplicar aranceles “sería romper con la idea de un acuerdo comercial”, explica Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO. “Es como decir ‘no me interesa'”.
Pero los tres países se necesitan mutuamente porque han construido cadenas de producción que a través de los años se han enlazado estrechamente, con empresas binacionales o fábricas que dependen de las exportaciones y las importaciones.
El principal socio comercial de Estados Unidos es México, país que destina más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense.
Muchas de las empresas estadounidenses dependen de la manufactura que hacen en México y, si ya no pueden ingresar los productos a un precio competitivo, estarán en serios problemas.
“No creo que el presidente Trump no tenga ganas de hacerlo, pero no creo que un arancel universal sea viable”, dice Moy.
Para ella, sí es más viable un arancel específico sobre determinados bienes.
“Esto ya ocurrió antes”, le dice a BBC Mundo Xóchitl Pimienta, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México.
Durante su primer gobierno, en 2018, Trump impuso temporalmente aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, una medida que provocó alarma en empresas mexicanas y estadounidenses, pero que además terminó encareciendo los productos que compran las familias estadounidenses.
Pimienta explica que se hicieron muchas investigaciones sobre el efecto en los precios que terminó pagando el consumidor final en EE.UU.
Una de ellas arrojó que algunos productos como autos, lavadoras, licuadoras y muchos otros, subieron de precio entre 8% y 20% en EE.UU., tras la imposición de los aranceles a esos productos metálicos.
Otro estudio determinó que el aumento arancelario les costó a las familias estadounidenses alrededor de US$1.200 al año en sus compras.
En el pasado también hubo amenazas. Trump le advirtió a México que aplicaría un arancel de 5% a todos los productos mexicanos, si el gobierno no tomaba medidas para frenar la migración.
Pero a final de cuentas, ese arancel no se concretó. Sin embargo, el solo anuncio generó incertidumbre y cierto nivel de especulación de precios, comenta la experta.
Si esta vez el gobierno aplica aranceles a México, como lo ha prometido, los más afectados serán el sector automotriz, el agrícola, los productos alimentarios (como el aguacate, los tomates, las fresas, los pimientos), la cerveza y el tequila, el sector de electrónica (como las pantallas para celulares) y el manufacturero, además del petrolero.
Una vez más, dice Pimienta, “el consumidor final en Estados Unidos se verá afectado”.
Ante un escenario como ese, Trump tendría que lidiar con presiones inflacionarias que él prometió bajar durante su campaña, una promesa electoral que le ayudó a regresar a la Casa Blanca en medio de un clima de insatisfacción por el alto costo de la vida.
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