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  • Engañosa declaración de Salvatierra sobre muertes en Bolivia En entrevista con la cadena CNN, la senadora Adriana Salvatierra declaró el 13 de noviembre que ese día se cerraba con 10 muertos producto de una decisión «que tiene un comportamiento coherente con un golpe de Estado», en alusión al nuevo Gobierno que entró en reemplazo de Evo Morales. No obstante, tres de esos diez decesos se registraron durante la presidencia de Morales fruto de los conflictos post electorales, uno corresponde a un accidente que tuvo un policía quien falleció el 12 de noviembre y una muerte se dio por estrangulamiento el 11 de noviembre. «Hoy mismo están aún los militares reprimiendo en los campos. Hoy mismo nosotros cerramos la jornada del día de hoy con 10 muertos. Y eso no es producto de una decisión de carácter democrático. Eso es producto de una decisión que tiene un comportamiento coherente con un golpe de Estado que enfrenta las fuerzas militares con el pueblo boliviano», dijo la asambleísta en contacto telefónico con la periodista Carmen Aristegui de CNN. A partir de ello, Bolivia Verifica tomó contacto con el comunicador de Salvatierra, Aldo Camacho, quien proporcionó algunas fuentes y recuentos propios en los que se basó la senadora. Entre estos se encuentra una lista hecha a mano (ver foto), una noticia publicada en el portal de La Razón el mismo 13 de noviembre a las 17,31 bajo el título «Mueren 2 personas en Santa Cruz y suman 10 las víctimas por conflictos en Bolivia» y el enlace de un tuit de la exministra de Comunicación Amanda Dávila. De la lista facilitada por Camacho, tres personas murieron entre el 30 de octubre (Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas) y el 6 de noviembre (Limberth G. V.), según reportes de prensa, un relevamiento de la Defensoría del Pueblo y una recopilación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). Además, se conoció que Heybert Antelo, comandante de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) de La Paz, falleció el 12 de noviembre a causa de un accidente. Ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo en sus recuentos toman en cuenta la muerte de Antelo como parte de los conflictos. Pese a que las tres personas fallecidas entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, están dentro de la gestión de Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre a las 16.50 de la tarde, la legisladora hizo referencia a que las muertes son «producto de una decisión que tiene un comportamiento coherente con un golpe de Estado que enfrenta las fuerzas militares con el pueblo boliviano». Para el analista Yerko Ilicic, la frase de Salvatierra es prefabricada específicamente para sustentar la hipótesis de un golpe de Estado clásico. «El uso de cifras de personas supuestamente fallecidas, es parte de una serie de discursos para provocar más violencia. Estas frases de Salvatierra se constituyen en un discurso de odio, que debe ser denunciado como tal», afirmó Ilicic. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, fechado el 13 de noviembre, el director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, informó que «producto de los conflictos sociales que vive el país los últimos 24 días, diez personas perdieron la vida a la fecha (hasta el 13 de noviembre), de los cuales ocho fueron por proyectil de arma de fuego». Según se indica, Filemón S. D., quien también aparece en la lista de Salvatierra, falleció el 12 de noviembre y «fue encontrado en la zona EPI Sud de la capital y de acuerdo al examen forense habría sido maniatado a nivel de los pies y manos, estableciéndose como causa de fallecimiento asfixia por estrangulación a lazo», según el comunicado de la Fiscalía. Antecedentes Luego de la renuncia televisada a la presidencia de Bolivia por parte de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019 a las 16.50, se desató una ola de violencia en las principales ciudades del país, siendo La Paz la más afectada al menos hasta el martes 12 de noviembre. La noche del 10 de noviembre se denunció violencia por grupos que fueron identificados por los agredidos como afines al Movimiento Al Socialismo, partido de Morales. Entre los destrozos significativos, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, opositor al Gobierno, informó que esa noche fueron quemados 64 buses Pumakatari, También se denunció la quema la casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, de postura opositora durante el conflicto post electoral, y la de la periodista Casimira Lema de Televisión Universitaria. El lunes 11 trascendió información de que desde la ciudad de El Alto se dirigían grupos violentos y posiblemente armados hacia la ciudad de La Paz. Según registros de prensa y videos de ciudadanos, estas personas coreaban consignas como «Ahora sí, guerra civil» y «Evo no está solo, c…». De igual forma, la Policía informó ese mismo día que parte de esta turba intervino unidades policiales de El Alto saqueando y llevándose material policial. De estos hecho existe evidencia en la prensa. Ante esta situación, el comandante de la Policía de La Paz, José Antonio Barrenechea, solicitó la tarde del lunes apoyo de las Fuerzas Armadas al verse rebasados por los grupos violentos en La Paz y principalmente en El Alto, informó La Razón. Por eso, alrededor de las 20.00 del lunes 11 de noviembre, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman anunció que tomarían acciones. “Hace minutos atrás hemos recibido la carta con el parte que nuestra Policía Boliviana ha sido rebasada, y en cumplimiento a la misión constitucional el mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la Policía para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan terror en la población”, refirió Kaliman en conferencia de prensa.
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