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| - Para entender mejor
¿Andrés Manuel López Obrador será Premio Nobel de la Paz? eso dicen en redes como Facebook y TikTok, y también nos preguntaronen el VerifiChat de El Sabueso. Supuestamente, líderes mundiales votaron a favor de que el presidente de México sea galardonado, pero se trata de desinformación.
“Andrés Manuel ha sido nominado para recibir el Premio más galardonado a nivel mundial (sic)”, se lee en el video que dura 1 minuto y 11 segundos.
Pero, para empezar, nadie –salvo el Comité del Nobel– sabe quiénes son las personas nominadas. Así que aunque realmente estuviera nominado, no podríamos saberlo hasta dentro de 50 años, pues así lo especifican las reglas, y quienes integran el Comité no pueden confirmar ni desmentir antes de ese tiempo qué personas fueron propuestas.
Al momento de redactar esta verificación, una de las publicaciones que desinforman tiene más de 134 mil ‘me gusta’ y ha sido compartido más de 7 mil veces en TikTok.
“Es por justicia humanitaria, bien ganado el PREMIO NOBEL DE LA PAZ”, se lee en uno de los más de 11 mil comentarios.
Mientras que en Facebook, el video que circula con la frase “El mejor presidente del año”, alcanzó más de 127 mil ‘me gusta’ y más de 21 mil compartidos.
“Más que eso se merece mi presidente”, dice uno de los 3 mil 455 comentarios.
La Fundación Nobel es una institución privada creada en 1900 a partir del testamento de Alfred Nobel. Su principal cometido es gestionar los Premios Nobel. El 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firmó su última voluntad y testamento, donando la mayor parte de su fortuna a una serie de premios de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz
El Premio Nobel de la Paz es concedido por un comité de cinco miembros, nombrados por el Parlamento noruego por un mandato de seis años, con posibilidad de reelección. Aunque no es un requisito, todos los miembros del comité han sido ciudadanos noruegos.
El Premio Nobel de la Paz 2023 ya fue otorgado desde el 6 de octubre a la activista y periodista iraní Narges Mohammadi.
De acuerdo con la página del Premio Nobel, la motivación del premio fue por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos.
Sin embargo, las publicaciones que aseguran que el presidente de México había sido nominado fueron realizadas en diciembre de 2023, dando a entender que se trataba de una noticia de último minuto. Pero según la página del Premio Nobel, el Instituto Nobel noruego nunca puede confirmar, ni desconfirmar, si alguien ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz hasta que hayan pasado 50 años.
Para que una candidatura sea válida, debe presentarse por miembros de asambleas nacionales y gobiernos nacionales, académicos o personas que ya hayan sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz a más tardar el 31 de enero de cada año. Por ejemplo, el Comité recibe las postulaciones para el Premio Nobel 2024, hasta finales de este mes.
Las aplicaciones personales no son tomadas en cuenta.
Las postulaciones se presentan a través de un formulario en línea y, si así lo considera, el Comité Nobel puede añadir más nombres una vez cerrado el proceso de nominación.
Pese a que el Comité Nobel es el que decide, las publicaciones que desinforman aseguran que líderes mundiales “han votado por Andrés Manuel por todo el impacto que ha tenido a nivel global y en Latinoamérica”.
Una vez debatidas todas las candidaturas cualificadas, el Comité elabora una lista restringida de los candidatos que considera más dignos de ser galardonados y se someten a evaluaciones y exámenes.
Por regla general, el Comité Nobel no toma una decisión hasta su última reunión antes del anuncio del galardonado o galardonados, a principios de octubre de cada año.
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En medios de comunicación circulan al menos dos propuestas de que Andrés Manuel López Obrador sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, esto no significa que el presidente esté nominado ni que las propuestas se hayan concretado.
En la conferencia matutina del 26 de abril de 2023, un periodista propuso a Adán Augusto López, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), formar un comité nacional para proponer a López Obrador a Premio Nobel de la Paz y contar con el apoyo de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública y quien quiera sumarse.
“No, pues me reservo mi opinión (…) No, pues están en su derecho de hacer las propuestas que consideren”, contestó Adán Augusto López.
Patricia Armendáriz, diputada federal de Morena, utilizó en usó su cuenta de X, antes Twitter, el hashtag #AMLONobelDeLaPaz luego del discurso del presidente ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Que triste que la acogida entusiasta de tantas organizaciones del Plan de Fraternidad de @lopezobrador_ contraste con el mutis y críticas de algunos mexicanos. El Plan es de gran calado y tiene gran viabilidad.#amlonobeldelapaz”, publicó el 10 de noviembre de 2021.
El Sabueso preguntó a Presidencia de la República si Andrés Manuel López Obrador estaba nominado al Premio Nobel de la Paz o si el comité para proponerlo se había concretado pero no obtuvo respuesta.
En conclusión, líderes mundiales no pueden votar por que López Obrador sea galardonado ya que es un comité específico el que decide y las nominaciones no se pueden divulgar hasta que hayan transcurrido 50 años.
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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