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El precio del agua en España se ha disparado por la destrucción de presas o embalses entre 2021 y 2022.
Conclusión
No, el encarecimiento del precio del agua no está relacionado con la destrucción de barreras fluviales ni existe un plan para que deje de ser bien público.
No, en España no ha subido el precio del agua porque se hayan destruido 256 barreras fluviales entre 2021 y 2022, de hecho tampoco es cierto que estas construcciones sean embalses o presas hídricas, como asegura un vídeo colgado en redes sociales, que además afirma que se trata de un plan para que el agua deje de ser un bien público.
Un vídeo colgado en Instagram afirma que España ha destruido 256 embalses entre los años 2021 y 2022, el país europeo que más construcciones de este tipo ha demolido siendo el tercer estado europeo con más presas, por detrás de Alemania y Suiza. Países que solo han derribado cinco y una estructura similar a las españolas, respectivamente, asegura el mensaje.
El vídeo continúa dando datos del precio del agua en España, que según la publicación ha subido el 71 % en los últimos años, y añade que el consumo de agua embotellada se ha disparado entre los años 2000 y 2021 mientras las empresas relacionadas con el negocio del agua cotizan en la Bolsa española desde 2020. La filmación concluye con una pregunta: «¿El agua es un bien común o se va a convertir en un artículo de lujo?«
El precio del agua en España
En el vídeo se afirma que el precio del agua doméstica ha subido en España el 71 % en los últimos años. Un incremento relacionado, según el autor de la grabación, con la destrucción de 256 embalses o presas (en realidad pequeñas barreras fluviales) que a largo plazo provocaría que el agua dejase de ser un bien público.
Según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) el precio del agua para uso doméstico se ha incrementado desde los 1,31 euros (sin IVA) por metro cúbico que costaba en 2009 hasta los 1,97 €/m³ que costaba en 2022, lo que supone un incremento del 50%, no del 71. De esta cantidad, 1,09 €/m³ (el 55%) corresponden a los costes del servicio de abastecimiento y el 0,88 €/m³ (el 45%) al servicio de saneamiento.
Esto hace que la carga económica de la factura del agua para las familias sea, en promedio, inferior al 0,7%, por debajo del 3% establecido por la ONU como el límite para garantizar la asequibilidad del Derecho Humano al Agua. Así, el agua consumida por los hogares españoles es una de las más baratas de la Unión Europea según los datos de Global Water Intelligence facilitados a EFE Verifica por AEAS (cuadro inferior).
Para AEAS la razón principal del incremento del precio es la falta de inversión en infraestructuras, que continúa siendo insuficiente, tanto las realizadas como las previstas. Las tarifas, continúa la fuente, siguen sin cubrir los costes y en muchos sistemas sólo alcanzan a soportar los gastos operativos, lo que, advierten, puede comprometer la calidad de los servicios de las futuras generaciones.
Concretamente el estudio «Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España» (AEAS-Cátedra Aquae de la UNED), señala que actualmente en España la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario. En ese sentido, «el agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 millones de euros adicionales, hasta alcanzar los 4.900 por año, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar retos futuros«. Esto supone 53 euros anuales per cápita adicionales.
Tampoco es cierto que haya aumentado el consumo de agua embotellada en España, como señala el citado vídeo. Según el último Informe de Consumo Alimentario en España, cada español bebió en el año 2022 la cantidad de 64,28 litros, una ligera bajada respecto al año anterior cuando la cifra se situó en 65,71 litros, tanto con gas como sin gas.
España no ha destruido 256 embalses entre 2021 y 2022
Otra de las afirmaciones del vídeo es que en España se han demolido 256 embalses entre los años 2021 y 2022. En realidad las estructuras derribadas son en su mayoría pequeñas presas y azudes, o lo que es lo mismo «barreras hechas en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos«, según el diccionario de la RAE. Construcciones que han quedado obsoletas, abandonadas y que en ningún caso se utilizan para almacenar agua.
Preguntado por EFE Verifica, un portavoz del ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) señala que «derribar 200 embalses y presas en España, en pocos años, más allá de que sea una cuestión debatible, es imposible». Según esta fuente, los contados casos excepcionales de presas eliminadas -como Anllarinos en León o Yecla en Salamanca- son pequeñas construcciones que no suministran agua para ninguna actividad y que son peligrosas o inviables económicamente.
«Estas barreras fluviales prescindibles quitan más agua de la que dan«, añaden las fuentes consultadas, que aseguran que estas construcciones «impiden que el caudal llegue a donde se necesita: a poblaciones ribereñas, a otros ríos o tramos y a ecosistemas fluviales. Además suponen un riesgo ante inundaciones o avenidas».
El desmantelamiento de barreras fluviales se enmarca en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, iniciada en 2005 que en 2023 recibió un importante impulso presupuestario: con 2.500 millones de euros hasta 2030. El objetivo del ministerio es restaurar 3.000 kilómetros de ríos españoles entre 2022 y 2030 con la eliminación de barreras, construcción de corredores fluviales, restauración de ecosistemas, gestión de sedimentos y prevención de inundaciones, entre otras actuaciones.
La sequía y el precio del agua
La sequía que vive España desde hace unos años ha sido uno de los detonantes del aumento de este tipo de mensajes. Una investigación anterior de EFE Verifica desmintió como falsos los mensajes que vinculaban el desmantelamiento de barreras fluviales con la sequía que sufría España.
Las previsiones no son mejores para 2024. Después de que el verano de 2023 batiera todas las marcas de temperatura máximas, las previsiones de la Organización Metereológica Mundial (World Meteorological Organization, WMO) apuntan a que durante el verano de 2024 el fenómeno de El Niño hará que las temperaturas puedan elevarse por encima de las cifras del año anterior.
Precisamente la sequía ha llevado a los gobiernos municipales de las ciudades de Sevilla y Málaga a anunciar un incremento del precio del agua.
Preguntado por la relación entre sequía y encarecimiento del precio del agua, Abel Lacalle, profesor de Derecho de la Universidad de Almería, asegura a EFE Verifica que no debería existir ya que «las sequías son unas circunstancias que entran dentro de la gestión ordinaria de los servicios del agua, por lo que en buena lógica no deberían producir ningún incremento en el precio del agua«.
Pero la situación actual de sequía ha llevado a los gobiernos municipales de ciudades como Sevilla y Málaga a anunciar subidas de entre el 30 y el 40 % en el recibo del agua a lo largo de 2024. En declaraciones a EFE, el alcalde sevillano, José Luis Sanz, aseguró que «las tarifas habrá que subirlas, porque no se actualizan desde hace muchísimo tiempo y porque los periodos de sequía encarecen muchísimo la depuración de las aguas«.
El agua como bien público
Lacalle afirma que tanto el agua como los ecosistemas asociados son un «patrimonio natural en la concepción introducida por la Convención de París de 1972, y si hablamos del «agua como bien de uso (cuando usamos o extraemos el agua del medio natural) estamos ante un bien público (en España es dominio público hidráulico) cuya titularidad corresponde al Estado y cuyo uso puede atribuirse de forma exclusiva (abastecimiento, regadío, ganadería) o de forma no consuntiva (hidroeléctricas)«.
El especialista añade que «la atribución de los derechos de uso se hace a través de un régimen jurídico contractual (concesión sobre el dominio público hidráulico) en el que se supone que tiene que haber libre concurrencia. Los largos períodos de las concesiones han creado una apariencia de privatización indebida».
Desde AEAS aseguran que el pago que realizan los usuarios en el caso del agua urbana no es por el agua, sino por el servicio de abastecimiento y de saneamiento de la misma. Por tratarse de un bien público su titularidad es ejercida siempre por la Administración Pública.
En el caso de la gestión del agua urbana, ésta corresponde a los ayuntamientos. Esta gestión, al igual que cualquier otra (por ejemplo, la gestión de residuos) puede ser del propio ayuntamiento o delegada en una entidad pública, empresa mixta o empresa privada. De tal forma que, el recurso, el “bien” o en este caso el agua, siempre es público pero su gestión puede no serlo.
En resumen, es falso que la subida del precio del agua en España sea consecuencia de la destrucción de más de 256 embalses en España, cuya presunta destrucción también es falsa, por lo que tampoco es cierto que esto represente un primer paso encaminado a la pérdida del agua como bien público.
Fuentes:
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)
Estudio «Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España» (AEAS-Cátedra Aquae de la UNED)
Informe de Consumo Alimentario en España (MAPA) 2022
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
Abel Lacalle, profesor de Derecho de la Universidad de Almería
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (MITECO)
Organización Metereológica Mundial (World Meteorological Organization, WMO)
Reserva Hídrica de España (se actualiza semanalmente)
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